"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Marta Medina, doctora en pedagogía
“No se puede consentir una ley educativa que habla de calidad y pone en práctica actuaciones segregadoras”
24/03/2017
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
La educación garantiza la igualdad de oportunidades. La educación inclusiva garantizaría la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Así lo expone la tesis de Marta Medina, pedagoga que se declara fascinada por el mundo de la discapacidad. “No me imagino haciendo otra cosa”, asegura. Su trabajo concluye que una ley educativa que apela a la calidad no puede dejar al margen la inclusión ni puede discriminar o etiquetar a los alumnos favoreciendo la segregación. Estamos ante un derecho fundamental y la educación inclusiva no es una moda pedagógica, “hablamos de la garantía de un derecho”. El sistema educativo está cada vez más diseñado para menos personas, es menos real, asegura esta experta. Y se pregunta, ¿quién marca los parámetros de normalidad en los que todos tienen que encajar?
Intentamos investigar qué mecanismos hay en nuestro sistema educativo para garantizar la educación inclusiva y qué problemas o déficits tiene el sistema educativo español para no garantizarla. El objetivo era hacer una radiografía del sistema y ver dónde estaban los obstáculos, las barreras y hacer una serie de propuestas para implementarla de manera real y efectiva.
¿Cómo ha llegado a esa radiografía, ese rastreo tan amplio de un mundo tan diverso y disperso?
He leído muchísima bibliografía y normativa relacionada con la educación, desde la propia Convención de la ONU sobre Discapacidad, por supuesto, hasta las leyes educativas españolas y las leyes autonómicas, sobre todo en Andalucía, que es la comunidad en la que ejerzo y en la que ha transcurrido mi investigación. Partimos de la revisión legislativa y doctrinal para luego realizar una investigación de campo, con una encuesta a 133 profesores y maestros de nuestra comunidad autónoma acerca de sus conocimientos sobre la inclusión, sobre discapacidad ye medidas de atención a la diversidad.
"El hecho de que no haya un tratamiento de educación inclusiva en la Lomce hace que exista un desconocimiento general entre el profesorado sobre la Convención"
¿Qué conclusiones principales se extraen de esa primera parte de estudio sobre la legislación o normativa en torno la inclusión educativa?
El sistema educativo debe sufrir una transformación para que realmente hablemos de inclusión, porque estamos ante un derecho fundamental, el derecho a la educación, un derecho que lleva implícito el derecho a la educación inclusiva, con lo cual, el sistema educativo debe garantizar ese derecho, no se puede entender la educación inclusiva como una moda pedagógica, estamos hablando de la garantía de un derecho.
Ese vacío legal no se da sin embargo en el ámbito de la discapacidad, que cuenta con un amplio despliegue normativo, ¿no es así?
En materia de discapacidad es distinto. Tenemos la Convención y tenemos el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que reconocen expresamente derecho a la educación inclusiva. Pero esa desconexión entre la normativa educativa y la normativa sobre discapacidad hace que tengamos un sistema educativo que no garantiza un derecho y una legislación que no se basa en la pedagogía para delimitar de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva.
"La Convención de la ONU nos ha dado una herramienta magnífica para garantizar los derechos de las personas con discapacidad"
¿Sería necesaria una nueva norma que aúne ambos vertientes, la educativa y la de discapacidad?
No, simplemente, lo que hay que hacer es que la normativa española contemple la Convención. La Convención de la ONU nos ha dado una herramienta magnífica para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. No hay que crear nada nuevo. Ahora con el Pacto de Estado por la Educación hay una oportunidad magnífica, de oro, para que se contemple la Convención y el derecho a la educación inclusiva.
"Confío en el poder del CERMI para que haya una representación de las personas con discapacidad en el Pacto de Estado por la Educación"
Entonces, ¿qué faltaría?
Compromiso político y coherencia legal para que el Pacto por la educación contemple el derecho a la educación inclusiva. El CERMI, en enero de este año publicaba una nota instando a las fuerzas políticas a que tuvieran en cuenta el derecho a la educación inclusiva, incluso instaba a que en esa comisión estén las personas con discapacidad y sus familias, que esté el movimiento asociativo. Confío en el poder del CERMI para que exista esa representación. Tengo confianza en el Pacto de Educación, es una oportunidad inmejorable para tener en cuenta el derecho a la educación inclusiva. Además falta trabajar conforme a metodologías activas y pedagógicas, que dan respuesta a todos los estudiantes.
"En la realidad práctica se utilizan cada vez más alternativas, se crean cada vez más itinerarios y más caminos paralelos para aquellos estudiantes que no se acogen a la “normalidad” "
A falta de ese acuerdo, ¿no sería necesario también un poco más de conciencia general, de creerse ese derecho de las personas con discapacidad?
Tenemos un sistema educativo comprometido con la inclusión pero solo a nivel formal, la práctica real no es nada coherente con el compromiso derivado de ratificar la Convención. En la realidad práctica se utilizan cada vez más alternativas, se crean cada vez más itinerarios y más caminos paralelos para aquellos estudiantes que no se acogen a la “normalidad”. La educación inclusiva tiene algo que supera la integración y es que va más allá, garantiza la calidad educativa para todos, pero falta conocimiento en general en toda la sociedad en la que sigue existiendo barreras psicológicas, prejuicios, estereotipos.
¿Cuáles son los déficits fundamentales de nuestro sistema localizados por usted en su estudio o tesis?
Han sido muchos y de diversa índole, en primer lugar la ausencia de un concepto y de una clarificación conceptual sobre lo que es la educación inclusiva, que lleva a que haya problemas y obstáculos. Esa confusión sobre qué es la educación inclusiva hace que se caiga en malas prácticas. Es importantísimo partir de un concepto común para todos. Algunos teóricos consideran que no es necesario definir la educación inclusiva y cada centro educativo lo defina en función de su idiosincrasia. Nosotros creemos que eso es inviable porque conlleva malas prácticas, priva de carácter científico y rigurosidad al proceso de la inclusión y crea inseguridad social y jurídica.
Otros problemas se refieren a las medidas de atención, a la evaluación pedagógica, al sistema de escolarización, al currículum o la escasa formación del profesorado. Hay muchísimos más déficits, pero el problema general es la inadecuación del sistema educativo conforme a a los mandatos de la educación inclusiva que se exponen en la Convención. Vemos la necesidad y la urgencia de que el sistema educativo se modifique siguiendo la orientación de la Convención.
¿Qué ocurre con las medidas de atención a la diversidad, algo que debería ser positivo y usted detecta entre los déficits?
Que se crearon para ofrecer una respuesta adecuada y equitativa a los estudiantes y en muchas ocasiones suponen prácticas de segregación encubierta. El sistema educativo realmente está cada vez más diseñado para menos personas, es menos real y lo que es peor, justifica que la atención a la diversidad se debe hacer con medidas de segregación.
¿Y cuál es el funcionamiento deficitario de medidas también positivas como la evaluación psicopedagógica?
La evaluación psicopedagógica tuvo una razón de ser muy loable, pero ha llevado a malas prácticas porque se limita a etiquetar y no ofrece soluciones. Tiene que ser un proceso abierto, que no solo diagnostique sino que ofrezca soluciones, medidas, que no sea la antesala a la segregación del estudiante.
En ese sentido, el sistema de escolarización es otro problema. El hecho de que exista un sistema de escolarización paralelo en educación especial supone una ventana a la segregación porque en muchas ocasiones en lugar de poner medidas en el aula ordinaria, aprovechan ese recurso sin más y los desvían a la educación especial. Por último otro problema que se puede señalar es el currículum, que debe dejar de ser tan rígido y ser más abierto, más funcional.
"Es importantísimo trabajar en la formación del profesorado para acabar con los prejuicicos y para ofrecerles herramientas"
Y, ¿qué papel juegan los profesores en todo este sistema, tanto en el actual como en el ideal, en una educación inclusiva?
Ese es otro de los problemas detectados en el estudio, la escasa formación del profesorado. Es importantísimo trabajar en la formación del profesorado para dos cosas, en primer lugar acabar con los prejuicios que tienen sobre las personas con discapacidad e incluso los prejuicios que tienen en torno a la inclusión y, en segundo lugar, es importante esa formación para ofrecerles herramientas, el profesorado debe sentirse seguro cuando tenga en su clase estudiantes con discapacidad. Hasta que no se consiga una cualificación profesional adecuada, se va a ir parcheando en la resolución de los problemas.
Hay que añadir otro problema, la irregularidad que hay en el tránsito en el cambio de etapas educativas. Todas las etapas son importantes, pero especialmente una vez que se termina el bachillerato, pues no se contemplan actuaciones específicas para el acompañamiento en su cambio de etapa educativa, concretamente en el acceso a la universidad. Es importante que se les apoye en ese periodo porque muchas veces los prejuicios, los estereotipos, el miedo, hacen que los estudiantes con discapacidad no vayan a la universidad. Es importantísimo que haya un protocolo específico para estudiantes con discapacidad para trabajar ese tránsito.
Según el enunciado de su tesis la educación inclusiva es un mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, ¿qué garantías ofrecería la inclusión educativa?
La repercusión que tiene la educación inclusiva es impresionante porque contribuye al desarrollo social. El desconocimiento que hay de la discapacidad hace que tengamos un modelo social poco inclusivo y que las personas con discapacidad tengan problemas para la empleabilidad, entre otros. El motor y la herramienta fundamental para cambiar las cosas es la educación.
Si queremos avanzar en el modelo social de los derechos humanos todo empieza por la educación y es importante que se entienda que esto no es una moda como la que se plantea ‘¿deberes sí o deberes no?’. La inclusión no es una moda, es el derecho a la educación.
"¿Quién marca los parámetros de normalidad en los que todos tienen que encajar?"
Aunque el coste nunca debería ser obstáculo o excusa para adoptar un sistema educativo inclusivo, ¿resultaría tan costosa esa inversión?
No es más cara la educación inclusiva, ya que actualmente estamos manteniendo dos sistemas, el sistema ordinario y un sistema especial Y por supuesto, hay que decir que no afecta al rendimiento a otros compañeros, como se suele criticar. Al revés, enriquece, no solo en aspectos personales, sino que está comprobado que muchas de las medidas que se ponen en marcha para atender a los estudiantes con discapacidad, favorece a todos. Beneficia a nivel personal y a nivel académico.
Educación inclusiva es calidad, atender a cada estudiante conforme a sus necesidades, ¿no es calidad? ¿Quién marca los parámetros de normalidad en los que todos tienen que encajar? A lo mejor yo no tengo discapacidad pero tengo otras necesidades, a lo mejor necesito más tiempo para estudiar un texto o necesito otra forma de evaluar. La inclusión favorece a todos.
¿Qué contacto ha mantenido durante su trabajo con el mundo de la discapacidad y quiénes han sido sus principales colaboradores?
Estoy muy en contacto con el movimiento asociativo y me ha llevado a tener una realidad de los estudiantes con discapacidad, y por supuesto he leído numerosos trabajos y estudios. El CERMI ha sido una referencia muy importante en cuanto a investigaciones, noticias, publicaciones. Pero, sobre todo, tengo tres referentes en mi vida profesional, Rafael de Lorenzo, Luis Cayo Pérez-Bueno y Esperanza Alcaín. Ellos son los que me han enseñado a situarme en el nivel de garantía de derechos.
